La difícil situación de la justicia en Cataluña, así como en el resto de España no es ajena a nadie.
Es evidente que la problemática existente, heredada de los gobiernos de CIU, como consecuencia de su desinterés en el ámbito de la justicia implica en ocasiones, el desasosiego de los distintos operadores jurídicos que participan, así como de los ciudadanos y del cuerpo funcionarial.
Puestos a comparar, a lo largo de los 23 años de gobierno de CIU la inversión ha sido mínima, ni en medios materiales ni personales. Por no decir del total olvido en determinados ámbitos. A modo de ejemplo la negativa a plantear cualquier política social respecto de la población reclusa. Y qué decir de la inexistencia de planteamientos de la política penitenciaria dirigida a la reinserción de ésta.
Esta situación ha desembocado en una justificada desconfianza del administrado del ciudadano, que impide que ahora valore objetivamente las mejoras realizadas, a pesar de que el Departamento de Justicia ha empleado medios para abordar nuevas mejoras en equipamientos, y en medios materiales así como con la codificación del de derecho civil catalán.
Es imposible ignorar las actuales quejas, frecuentes por otra parte, respecto al funcionamiento de la administración de justicia, tanto en la tramitación de los procedimientos, como por los resultados obtenidos, dado que en muchos casos la dilación del proceso lleva a que la sentencia que se acabe dictando no tenga efecto alguno al haber cambiado las circunstancias que dieron lugar al ejercicio de la acción ante los tribunales.
Ha sido tarea de este gobierno de izquierdas encabezado por la figura de Pasqual Maragall y que continuará, si así lo decide el electorado, con José Montilla el empezar a asumir realmente la competencia en justicia que nos otorgó el Estatuto de 1979. Será ahora, con el Nuevo Estatuto de 2006 con el que podremos llevar a cabo las políticas de reinserción postuladas en el Documento aprobado en el Xº Congreso de nuestro partido.
Pero para ello es necesario dar a conocer las mejoras llevadas a cabo por el Departamento, y fomentar en la próxima legislatura la relación con todos los operadores jurídicos de la administración de justicia.
Es importante dar a conocer los trabajos realizados que se contemplan en : el “Llibre Verd de la Justicia”, en el que se realizó un diagnóstico de la situación heredada de los problemas del servicio público; los 15 edificios judiciales nuevos y las obras de mejora en distintos tribunales que han permitido mayor eficacia y eficiencia por parte de los funcionarios, lo que ha repercutido en una mayor agilidad en los procesos ; la renovación completa del parque informático con la incorporación de más de 8000 ordenadores; etc.
Es evidente que la tarea realizada no es suficiente, pero hay que reconocer que el esfuerzo realizado ha sido importante. Es tarea nuestra, AHORA, dar a conocer los logros obtenidos y, por descontado, las mejores a realizar a fin de alcanzar los objetivos propuestos de EFICIENCIA, TRANSPRENCIA Y, por supuesto, PROXIMIDAD.
