¿PODREMOS DECIDIR?

Se han cumplido 35 años de Ayuntamientos democráticos. 35 años donde los ciudadanos hemos podido decidir por aquellas opciones políticas en las que hemos pensado que lucharían por nuestra Ciudad y por nuestro bienestar. En las que hemos creído.

35 años en los que de forma conjunta, institución municipal y ciudadanos, hemos tejido complicidades para conformar las ciudades en las que ahora vivimos.

Ciudades vertebradas territorialmente que han pretendido garantizar la justicia social. Cosa, por otro lado, que no ha sido ni fácil ni factible lograrlo en algunas ocasiones.

Creo que somos conscientes de las ciudades y pueblos de los que proveníamos, con grandes carencias. Ha sido un largo trayecto no exento de dificultades, por otra parte. Y, sin embargo, hemos sabido salir adelante con convicción, fuerza y tenacidad.

35 años después, nos encontramos que, como ciudadanos, nuestras expectativas de futuro se están diluyendo, y si no hacemos nada al respecto,  acabarán desplomándose como un castillo de naipes.

La reforma local del Partido Popular, que desde el 2011 está llevando a cabo, demolerá el Estado tal y como lo hemos conocido hasta ahora. Una reforma que, de hecho y de derecho, de forma encubierta en algunos casos, nos traslada con una regresión brutal a los años 40. Una re-centralización y, por lo tanto, un ataque a la Constitución Española. Un ataque hecho por la puerta de detrás.

Esta reforma es un atentado institucional y, en consecuencia, territorial.

Me refiero a todas las vulneraciones al principio de autonomía local con las que nos está atacando el Partido Popular.

Desde la limitación presupuestaria del gasto marcado por el Ministerio de Hacienda, que día a día presiona y empequeñece las arcas municipales.

O la exigencia del déficit 0 a los Ayuntamientos, cuando al Estado y a las Comunidades Autónomas se les aplica otro tratamiento. La considerable reducción de las transferencias económicas con la excusa, por no decir “espuria” justificación, de un presunto “derroche” del dinero público.

O, por último, el atentado al Principio de Autonomía Local, con la invasión de las competencias.

Históricamente, las funciones que se han asignado a los ayuntamientos han servido para transformar las ciudades. Para dar cobijo a los ciudadanos, equilibrar el territorio, garantizar el acceso a unos servicios públicos de calidad.

Pero esto va a cambiar.

La reducción en las competencias municipales, que hasta ahora han vertebrado el País, está repercutiendo en la gestión de los ayuntamientos limitando su prestación de servicios.  Servicios que, gracias a la flexibilidad que ofrece una administración cercana, se han podido adaptar de manera rápida y eficaz a las necesidades que ha tenido la población en cada momento.

Me refiero a políticas dirigidas a la mujer, a las familias a través de los servicios sociales, a la educación, de promoción y fomento de la ocupación, por ejemplo. Servicios, todos ellos, que se han convertido en una tabla de salvación para muchos ciudadanos, sobretodo en momentos de penuria como los que estamos atravesando desde hace cinco años.

Cuando una mujer se encuentra sufriendo una situación de violencia de género el recurso más óptimo, vista la inaccesibilidad de la justicia, son los recursos municipales.

Cuando una familia se encuentra en situación precaria, la posibilidad de tener la opción de una vivienda social garantiza su dignidad.

Cuando las guarderías se erigen como herramientas indispensables, más allá de la conciliación, para mejorar el éxito escolar puesto que permiten a los niños y niñas entrar en el camino de la enseñanza. Por no decir que están siendo detectoras de situaciones de desamparo.

Hablamos pues de una administración que ha sabido conciliar las necesidades de la gente y la ciudad.

Los municipios pueden ser, porque lo han sido, agentes políticos coadyuvantes.  Pueden ser máquinas tractoras que sirvan para implementar las nuevas bases de una economía productiva  que permita dar salida a este País.

Si las reformas del Partido Popular se acaban consolidando, no tendrá sentido que los ciudadanos vayamos cada cuatro años a las urnas para escoger las opciones políticas más acorde a nuestras necesidades. No tendrá sentido ir a votar porque no habrá nada que votar.

Claro que, ¿puede ser esto lo que pretende el Partido Popular?

El gobierno del PP ataca el diseño territorial, donde los municipios se encontraban en plano de igualdad respecto de los otros dos poderes públicos: el Estado y las Comunidades Autónomas. Justamente, los tres pilares configuraban el estado español como una estructura muy cercana a la federal. Al menos así lo entendí cuando estudié Derecho Constitucional en la carrera de Derecho.

Precisamente, recuerdo unas palabras de Josep Pallach del 1976, en su libro Democracia ¿para hacer qué? donde decía:

“la estructura federativa de un país no se ha “de inventar”; existe desde siempre, antes ya de formularla legalmente. Tiene la base en los ayuntamientos, que en los países democráticos son elegidos por sufragio universal y nombran ellos mismos a los alcaldes, los cuales también pueden ser elegidos por sufragio directo. Los municipios han sido desde siempre, en toda España, las células vivas de la democracia: tienen que disponer de sus propios presupuestos y tienen que ser capaces de resolver problemas importantes que la evolución de los tiempos ha planteado y que hoy restan a menudo sin solución: (...)”

¿Es posible que el PP quiera romper esta organización territorial y política del Estado? Estoy convencida.

Ahora más que nunca hace falta fundamentos para forjar un nuevo modelo social efectivamente cohesionado.

Los ciudadanos queremos, tenemos que poder decidir.

Sin embargo, ¿PODREMOS DECIDIR?

  

L’Hospitalet, catorce de abril de dos mil catorce.